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Las autoridades de Venezuela tacharon de "reparto de botín a última hora" la decisión de un juez estadounidense de autorizar la venta de las acciones de la empresa Citgo Petroleum Corporation, filial de la estatal petrolera venezolana (PDVSA) en EE.UU.

"La República Bolivariana de Venezuela denuncia y rechaza rotundamente las acciones del gobierno de Donald Trump, en complicidad con un reducto de extremistas venezolanos, quienes, actuando en contubernio, han cometido delitos trasnacionales con el fin de apropiarse de activos de Venezuela y sus entidades en todo el mundo", reza un comunicado oficial.

Desde Caracas declararon que esta sentencia "en las horas agónicas del saliente gobierno de Donald Trump confirma que las relaciones internacionales de esta administración las impulsa el odio, el saqueo, la venganza y el abuso de poder como ejercicio criminal del poder público". "Es el reparto del botín a última hora de ese gobierno con la complicidad de su fracasado títere local, para acentuar el revanchismo contra una empresa que pertenece a todos los venezolanos", opinaron.

Declararon que "la apropiación ilegítima e ilícita de Citgo" se realizó bajo instrucciones del líder opositor Juan Guaidó y por José Ignacio Hernández "para apropiarse de los activos de la República en el exterior, facilitar la entrega del patrimonio del pueblo venezolano a potencias extranjeras mediante un gigantesco fraude procesal y atentar contra el orden constitucional venezolano".

En ese contexto, las autoridades alertaron "a la comunidad internacional del peligro que representa para las inversiones y empresas extranjeras en Estados Unidos de América, y el gravísimo riesgo al que están sujetos sus intereses frente a maniobras de esta naturaleza, dirigidas a confiscar activos privados extranjeros mediante gigantescos fraudes procesales y acciones unilaterales violatorias del Derecho Internacional".

Mientras, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, afirmó a través de su cuenta en Twitter que esta decisión es "infame" y "una nueva agresión del agonizante gobierno de Donald Trump contra el noble pueblo venezolano".

Venta de las acciones a la minera Crystallex

El juez estadounidense Leonard Stark autorizó este viernes el proceso de venta judicial de las acciones de Citgo Petroleum Corporation para pagar a la minera canadiense Crystallex la expropiación de sus activos en Venezuela hace más de 10 años.

Previamente, el pasado 21 de mayo, este juez ordenó iniciar la venta de Citgo para que Caracas cancele una indemnización de 1.400 millones de dólares a Crystalles. La administración del presidente Nicolás Maduro, por su parte, ha mantenido la posición de que ni PDVSA, ni Citgo, ni PDV Holding, son "deudores" de Crystallex, ni han sido "sujetos" de estos procedimientos legales.

Venezuela rechaza la sentencia

La República Bolivariana de Venezuela denuncia y rechaza rotundamente las acciones del Gobierno de Donald Trump, en complicidad con un reducto de extremistas venezolanos, quienes, actuando en contubernio, han cometido delitos trasnacionales con el fin de apropiarse de activos de Venezuela y sus entidades en todo el mundo.

En un paso más de la intrincada trama de corrupción en ejecución, el día de ayer el Tribunal Federal para el Distrito de Delaware de los Estados Unidos de América, decidió iniciar las fases preparatorias para la venta de las acciones de la empresa PDV Holding, propietaria de CITGO, con el supuesto fin de ejecutar forzosamente un laudo arbitral dictado contra Venezuela por un Tribunal del CIADI en 2016, que nada tiene que ver con PDVSA, Citgo Holding, Inc y Citgo Petroleum Corporation, (CITGO).

Esta sentencia, en las horas agónicas del saliente Gobierno de Donald Trump, confirma que las relaciones internacionales de esta administración las impulsa el odio, el saqueo, la venganza y el abuso de poder como ejercicio criminal del poder público. Es el reparto del botín a última hora de ese gobierno con la complicidad de su fracasado títere local, para acentuar el revanchismo contra una empresa que pertenece a todos los venezolanos.

Como ya han advertido oportunamente las más altas autoridades del Gobierno de Venezuela, la apropiación ilegítima e ilícita de Citgo ha sido fraguada bajo instrucciones del exdiputado Juan Guaidó y ejecutada por el Sr. José Ignacio Hernández, prófugos de la justicia venezolana por haber concebido un entramado antijurídico para apropiarse de los activos de la República en el exterior, facilitar la entrega del patrimonio del pueblo venezolano a potencias extranjeras mediante un gigantesco fraude procesal y atentar contra el orden constitucional venezolano.

Es del conocimiento público que, quien hizo las veces de falso procurador en los juicios que lleva la República ante instancias judiciales internacionales, tuvo y conserva vínculos económicos con la demandante, Crystallex International Corp. (Crystallex), y otras trasnacionales demandantes, actuó además, deliberadamente, con absoluta torpeza e impericia usurpando vulgarmente funciones públicas ante la justicia estadounidense, invocando una supuesta representación que nunca detentó para entregar los intereses legítimos de Venezuela.

El único fin de estas acciones fue brindar un velo jurídico a la entrega criminal del patrimonio de todos los venezolanos al Gobierno de Donald Trump, a un grupo de empresarios relacionados con éste y a los extremistas venezolanos que se prestaron para acometer una de las agresiones más graves jamás conocida contra la República.

La actuación del juez estadounidense Leonard Stark es de tal manera hostil contra Venezuela que sugiere a otros acreedores, que no fueron parte en el juicio a su cargo, que se presenten a participar en la rebatiña que ha declarado sobre las acciones de Citgo.

Alertamos al mundo que esta operación judicial no solo ha sido alentada por el Gobierno de Donald Trump, sino que se ha impedido a los representantes legítimos de Venezuela la defensa debida, integral y efectiva de los intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela y de PDVSA, mediante la imposición de medidas coercitivas unilaterales.

Finalmente, alertamos a la comunidad internacional del peligro que representa para las inversiones y empresas extranjeras en los Estados Unidos de América, y el gravísimo riesgo al que están sujetos sus intereses frente a maniobras de esta naturaleza, dirigidas a confiscar activos privados extranjeros mediante gigantescos fraudes procesales y acciones unilaterales violatorias del Derecho Internacional.

La República Bolivariana de Venezuela jamás renunciará a la defensa de sus derechos e intereses en las instancias que corresponda, en aras de preservar el patrimonio cuyo único propietario es el pueblo venezolano.

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